Desde la Asociación de Avogados Novos consideramos de especial importancia poner en conocimiento de nuestros compañeros, y de la ciudadanía en general, la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por diversas ONGs, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, a raíz de los duros acontecimientos sufridos en la frontera de Ceuta con Marruecos el pasado día 6 de febrero, que se saldó con el fallecimiento en el mar de 15 inmigrantes subsaharianos que intentaban cruzar la frontera entre ambos países. Entendemos que, tras los últimos pronunciamientos oficiales efectuados tanto por el gobierno como por las administraciones públicas implicadas, la declaración de los hechos relatados por testigos presenciales recogida en esta denuncia permite obtener una visión más completa de lo que realmente sucedió.
Así mismo mostramos nuestra máxima preocupación, en nuestra condición de juristas, por las actuaciones efectuadas por los máximos órganos representativos tanto de la Guardia Civil como del Ministerio de Interior que, lejos de proponer una rigurosa e independiente investigación que permita dilucidar la existencia, o no, de responsabilidades y el modo real en el que se desenvolvieron los hechos en ese aciago día, realizaron una defensa a ultranza y con claro desprecio a la averiguación de la realidad material, sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llegando a señalar, expresamente, que la Dirección General de la Guardia Civil se querellaría contra las ONGs que trabajan en la defensa de los derechos de inmigrantes que criticaran la actuación de este cuerpo. Es una realidad conocida por todos que la versión oficial ha variado en diferentes ocasiones hasta la fecha; señalando en un inicio que no se utilizaron pelotas de goma ni botes de humo en el mar (dejando constancia el propio representante de la guardia civil que dicha práctica habría resultado inhumana) para posteriormente reconocer que sí que se utilizó dicho material pero con el único objetivo de marcar una línea imaginaria entre ambas fronteras, lo que se contradice con los testimonios de los inmigrantes supervivientes, todo ello sumado a que las propias Instituciones de la Unión Europea han requerido al gobierno de España diversa información ante los indicios existentes de que se haya producido una grave violación de derechos humanos.
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